Los labios de un hombre podían hacer sangrar cualquier parte del cuerpo de una mujer. Yasunari Kawabata

Paulina del Carmen Ramírez Jacinto tenía trece años cuando el 13 de abril de 2000 nació su hijo. A diferencia de Fawziya Youssef, la niña yemení que murió tratando de parir (Ver Redimidas II), su historia podría haber sido otra. Podría haber elegido no tener al niño. Porque Paulina Ramirez no vivía en Yemen sino en occidente, más precisamente en México, en Mexicali -Baja California Norte-, y porque allí, en esa ciudad, en 1999 cuando el nuevo milenio despuntaba, el aborto era ya un derecho constitucional para las mujeres violadas. Y Paulina Ramírez, que todavía no era mujer, que todavía era una niña, había sido violada. La noche del 31 de julio de 1999, la violaron, no un solo hombre sino dos, en medio de una noche de calor desesperante.

   Sin dudarlo su madre se presentó ante la justicia, el juez aprobó la interrupción del embarazo y Paulina se presentó en el Hospital General de Mexicalí para ejercer su derecho. Sin embargo, médicos y funcionarios públicos se apartaron de sus obligaciones como servidores de un estado laico y expusieron a la niña a la condena de la iglesia. Dicen que le mostraron películas de operaciones y fetos en diferentes estados, dicen que aterrorizaron a la madre con los riesgos de muerte por la intervención, dicen que el sacerdote amenazó con excomulgarla.

   En La herida de Paulina. Crónica del embarazo de una niña violada (Planeta, 2007), el relato de la escritora mexicana Elena Poniatowska y las fotografías de Mariana Yampolsky reconstruyen la historia de connivencia entre el Estado y la Iglesia para torcer la decisión de la niña y su familia. Treinta y tres mil dólares fue el precio por el ¨daño emergente y moral¨ que ocasionó la negligencia estatal y que Paulina recibió en marzo de 2006 como resultado de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La interrupción del embarazo –escribe Poniatowska– es parte de la libre decisión de las mujeres. Mi evolución ha sido lentísima y podría decir como los campesinos de Rulfo que soy de chispa retardada. Viví el pecado, la zozobra, la confusión.”

   Cuatro millones de mujeres en América Latina toman cada año otro camino y recurren al aborto ilegal. Cuatro mil de ellas mueren sin que sea un número suficiente para lograr torcer el brazo a las poderosas iglesias católica y evangélica, escribe Soledad Gallego-Díaz en el artículo Notable en poder, cero en maltrato, publicado en el Diario El País el 19 de febrero de este año. En otro artículo, aparecido en The New York Times el 5 de febrero, Matilde Sánchez dice que Tenemos poder pero no igualdad y cita las estimaciones de Human Rights Watch, todavía más escalofriantes: cuatro millones y medio de abortos y una secuela de más de ochenta mil mujeres muertas al año.

   Despenalización del aborto. Hay para recordar que en Uruguay ha fracasado después del veto del ex presidente Tavaré Vasquez al proyecto de ley que ya había sido aprobado por las dos cámaras parlamentarias en 2008. Que Dilma Ruousseff en Brasil silenció su favorable posición manifestada durante la campaña electoral después de recibir las reprimendas del Papa Benedicto XVI. Que en Chile la penalización del aborto no tiene todavía ninguna excepción para contemplar los casos de mujeres violadas o en peligro de muerte, y que a Michelle Bachelet le tomó cuatro años aprobar el derecho irrestricto a la ¨píldora del día después¨ para contrarestar los altísimos niveles de embarazo adolescente. Que en Argentina el gobierno de Cristina Kirschner ha conseguido que sea ley el matrimonio igualitario, pero que no hay señales de avances con respecto al aborto, muy a pesar de que el último informe de Human Rights Watch señala que cuatro de cada diez embarazos son interrumpidos y que el programa de salud reproductiva de 2005 no parece estar revirtiendo esa situación.

   ¨Tenemos poder pero no igualdad¨ escribe Matilde Sánchez, refiriéndose a la situación de la mujer en América Latina, donde la representación política femenina no parece garantizar un avance notable en la adopción de políticas públicas de género ni en los resultados concretos de las que logran implementarse. La experiencia latinoamericana afianzaría el escepticismo de la artista plástica yemení, Amna al Nasiri, que al analizar el impacto de una posible suba de la cuota de participación femenina en la política en su país -desde el quince al treinta por ciento- advierte que los cambios no surgirán de imposiciones sino de una transformación cultural de la sociedad en su conjunto (Ver Redimidas II).

  Tres presidentas en ejercicio -en Brasil, Argentina y Costa Rica-, que suman seis si se considera a las que gobernaron en los últimos veinte años -Chile, Nicaragua y Panamá-, no han logrado hacer descender a la región de los lamentables primeros puestos que detenta en materia de desigualdad y peligros para la mujer: femicidio, maltrato, abusos sexuales en el entorno familiar, mortalidad maternal. ¨No es que algunas mandatarias no hayan intentado liberalizar sus políticas con un sesgo de género pero esto las ha convertido en un blanco¨, escribe Matilde Sanchez.

   La Revista Newsweek de junio de 2009 sintetiza en el título de tapa, ¨El aborto, el mayor tabú de los candidatos¨, todo un estado de situación.

Once países de la región han aprobado leyes que establecen cuotas electorales para garantizar la representación política, pero sólo en siete se han aprobado leyes específicas sobre la violencia contra las mujeres. El primero fue Brasil, en 2006, con la Ley 11.340 denominada María da Penha, inspiradora de otras que se promulgaron en la región.

  “Me desperté repentinamente, con un fuerte estampido dentro de la habitación. Abrí los ojos. No he visto a nadie. Traté de moverme, pero no lo logré. Inmediatamente cerré los ojos y un sólo pensamiento se me ocurrió: Dios mío, Marco me mató con un tiro”, escribe María da Penha en su libro Sobreviví....puedo contar (Galería de la Cultura, 2010), publicado originalmente en 1994 y relanzado en septiembre del año pasado. Esa noche era la del 29 de mayo de 1983 y María da Penha había sobrevivido al disparo que gatilló su marido, a la bala que entró por su espalda y la dejó parapléjica a los treinta y ocho años de edad. Cuatro meses después intentó matarla nuevamente, esta vez con un shock eléctrico mientras ella se bañaba. La ley, demasiado lenta, demasiado contemplativa lo dejó dos veces en libertad.

  Lo que la justicia no escuchó María da Penha decidió contarlo en un libro, como si fuese una carta de emancipación, dice haciendo referencia a las que firmaban los dueños de los esclavos cuando les otorgaban la libertad. Fue así que dos Organizaciones No Gubernamentales -el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Río de Janeiro) y el Comité Latinoamericano de Defensa de la Mujer (San Pablo)- conocieron su caso y lo llevaron ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta vez la justicia internacional se pronunció obligando al Estado de Brasil a reparar económica y simbólicamente los daños provocados por la omisión con que se trató su caso durante años. Treinta y siete mil quinientos dólares -recibidos en 2008- y una ley que lleva su nombre.

Mónica Yemayel (Buenos Aires)